sábado, 17 de abril de 2021

Vacunación COVID-19 “Obligatoria” de la Legislación a la "Realidad" que se nos puede presentar

La llegada de la vacunación ha dado origen a muchas esperanzas y por otro lado a muchas controversias, entre las últimas podemos citar la posible obligatoriedad de la vacunación. En relación a este extremo el anterior Ministro de Sanidad D. Salvador Illa aseguraba: Hoy por hoy, la vacuna de la COVID no es obligatoria”.

Frente a lo antes señalado encontramos que en Francia e Italia han decretado la vacunación obligatoria. Los Estados han tratado dicho punto como un problema de Salud Pública aunque los ciudadanos lo podemos percibir como un acto individual. La primera cuestión que podemos acometer es: ¿cabe en nuestro ordenamiento jurídico el legislar como ya lo han hecho los dos países antes mencionados?

En nuestra Constitución (Art. 43) los poderes públicos tienen el deber de tutelar la salud pública y de hacerlo mediante medidas preventivas. Pero además existen otros instrumentos legales, entre los que podemos citar:

  • La Ley de Bases de Sanidad de 1944.
  • El Art. 21 y siguientes del RD de 26 de julio de 1945 para la lucha contra las Enfermedades Infecciosas, que declara la obligatoriedad para determinadas enfermedades y que está en vigor.
  • La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril lo contempla en su artículo segundo: «Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad». Dentro de la Ley y en su artículo tercero: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

 

Sobre dichos textos legales cabe hacer una analogía y aplicarse ésta para el COVID 19. En este sentido y desde una visión desde el campo del Derecho, podemos posicionarnos en este tema a nivel de derechos constitucionales, y trasladar dicha controversia entre los derechos individuales y el derecho a la salud pública. ¿Cuál de ellos prevalece?

Podemos entender que si alguien y de forma voluntaria adopta la decisión de no vacunarse asume las restricciones que va a encontrar en el camino. Esas personas han percibido la vacunación como un acto individual. Se puede pensar que el Estado debe enfocarlo como un tema de justicia, de forma que no puede haber diferencias entre una persona vacunada y otra no vacunada.


Pero, y si nos trasladamos al ámbito privado u otros ámbitos socio-laborales podemos encontrarnos en los que algunos han venido a denominar “VACUNACIÓN INDIRECTA”:

  •  ¿Una empresa privada puede obligar a sus trabajadoras y trabajadores a vacunarse?
  • ¿Pueden las empresas pedir a las candidatas y candidatos a un puesto de trabajo estar vacunadas?
  • Si una trabajadora o trabajador se vacuna y su compañera o compañero de mesa no ¿podrá pedir que le cambien de ubicación para proteger su salud porque la inmunidad de la vacuna no es del 100%?
  • Si alguien que no se ha querido vacunar se contagia y ha de confinarse, ¿la empresa ha de seguirle pagando? ¿La administración debe compensarle abonando la baja como accidente de trabajo?
  • ¿Puede ser la empresa responsable del contagio porque sus trabajadoras y trabajadores no se vacunan?”
  • Dentro de la Unión Europea se habla de un pasaporte de vacunación para viajar; recordemos que las líneas aéreas australianas ya lo exigen.
  • Cabe pensar que en locales de ocio o de tipo comercial se limite el acceso.
  • Profesionales como dentistas u odontólogos, especialistas en otorrinolaringología, pediatras, logopedas o foniatras…, si algunas certifican que están vacunadas, yo usuario ¿qué haré?, ¿lo valoraré como una opción más interesante?
  • Y al coger un taxi…
  • Una residencia privada para personas mayores o dependientes publicita que todos su personal, usuarias y usuarios están vacunados, ¿la priorizaré o no le doy un valor añadido?
  • En Santiago de Compostela un juez ha obligado a vacuna a una anciana  dependiente pese a la negativa de su hija a que fuese vacunada. “Vacunar puede conllevar un riesgo, pero no hacerlo también; se trata de poner en la balanza los dos riesgos y optar por el mal menor, que para una persona de 84 años es vacunarse”, ha asegurado el juez.
  • En 2019, un juez dio la razón a una guardería municipal que impedía matricularse a un niño porque no tenía al día la cartilla de vacunación. En la sentencia, la magistrada dejó claro que el derecho a acceder a una guardería de los padres que no querían vacunar a su hijo no podía ser superior al derecho a la salud del resto de niños. ¿Puede ocurrir lo mismo con el COVID 19?.
  • Es noticia de prensa que Galicia sopesaba imponer multas de hasta 3.000 euros a quien no se vacune de coronavirus. El Gobierno Español entiende que no tiene una CCAA competencia para ello. Pero uno se pregunta, ¿la obligación es sólo para residentes en Galicia?, y con turistas, visitantes, trabajadoras y/o trabajadores en estancias temporales ¿se pretendía que también fuese obligatoria la vacunación?
  • En el caso de menores de edad, ¿Se podría obligar a vacunar en caso de que los padres se opongan?
  • Podemos plantearnos si obligar a las y los profesionales de la Medicina a vacunarse "¿Sería ético?". Que no haya argumentos éticos a favor de obligar a las personas a vacunarse para proteger su propia salud no implica que sí los haya para otros grupos de personas, las que atienden al segundo criterio señalado. De forma que algunos expertos pueden propugnar que estaría justificado obligar a vacunar a las personas que podrían extender el virus, y en este grupo entrarían las y los profesionales de la Medicina y/o resto de profesionales de la sanidad. Con este enfoque no estaría en juego la seguridad de uno mismo, sino la de los demás.
  • Algunos expertos exponen otra posible explicación: obligar a vacunar a las y los profesionales de la Medicina sería cumplir "con su propio código deontológico". Para cumplir la premisa “primum non nocere” (primero no hacer daño) luego esas personas deben vacunarse contra el coronavirus, dado que de otra forma estarían poniendo en riesgo a sus pacientes y contraviniendo sus propios principios deontológicos".

Seguro que a las personas que hayan leído esta breve reflexión se les ocurrirán más elementos para analizar la cuestión inicialmente planteada, o tal vez el propio paso del tiempo nos las irá poniendo encima de la mesa. Mientras ello acontece, dejo aquí esta nota que pretende ser una llamada de atención y/o reflexión a una cuestión sobre la que tal vez cabe más de una respuesta.

Andrés Sellar Nieto, Vocal de la Comisión de Deontología Médica de Bizkaia.

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